Si hay algo que me perturbe es la negativa rotunda de parte de nuestros políticos de condenar el alzamiento nacional como lo que fue, un golpe de estado, un acto de fuerza contra las instituciones y legalidad vigente en España en el mes de Julio de 1936.
Y el otro día leyendo mis suscripciones, que las tengo muy abandonadas, me tope con esta perla, en un post de Periodismo Incendiario, (se que tiene casi un mes, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de postearlo ahora), es tan lucido el articulo publicado por Joaquim Sempere, en El País, que no voy a molestarme en coméntalo, leerlo y sacar vuestras propias conclusiones.
En julio de 1936 estalló en este país una rebelión militar contra las instituciones legítimas. Aquella rebelión era abiertamente ilegal, y sumió el país en una lucha cruel y fratricida, al cabo de la cual se instaló una dictadura. Aquella dictadura nacía con la mancha original de sus orígenes y además practicó durante otros 36 años la negación institucional sistemática de los derechos humanos. A mi entender, cualquier ley que aspire a dar reparación a las víctimas de
Durante la transición se pasó de puntillas -hubo razones para hacerlo- sobre las responsabilidades pasadas. Hoy, 31 años después de la muerte del dictador, abstenerse de condenar el golpe de Estado y la dictadura sería un paso en falso. Necesitamos que la legislación deje muy claro, como se hace con el terrorismo, que la rebelión militar no puede ser en ningún caso un mecanismo legítimo de intervención política. Éste sería el acto de reparación histórica que a mí, como represaliado por la dictadura, mayor satisfacción me daría.
Además de condenar el golpe de Estado, se debería condenar y dejar sin efecto los actos jurídicos emanados de la jurisdicción política o ideológica de la dictadura que conculcan los derechos humanos. Tenemos el precedente de Alemania, donde se declaró la nulidad general de los actos de la jurisdicción nazi. Una vez declarada la nulidad general, se pueden arbitrar procedimientos que permitan a los particulares que lo deseen obtener una resolución judicial para su caso concreto. Juristas competentes han sostenido públicamente que esto es perfectamente factible, y además recomendable.
Las agrupaciones de represaliados y las entidades que reivindican la memoria democrática han dado ya opiniones muy acertadas, que el Gobierno conoce pero no quiere asumir. No hace falta repetirlas. Creo interpretar la opinión de las restantes víctimas de la represión franquista al decir que ninguno de nosotros deseamos venganza ni castigos ejemplares. No queremos resucitar viejas rencillas y odios. Al contrario. A lo que aspiramos es a un reconocimiento oficial de la injusticia, y lo queremos para que nunca más se repita. Las víctimas no necesitamos ninguna "Declaración de reparación y reconocimiento" de ninguna Comisión del Congreso, como la prevista en el artículo 3 del proyecto de ley, que equivale a un humillante "certificado de buena conducta" de ominoso recuerdo. No conozco a ninguna víctima del franquismo que no se sienta orgullosa de haber merecido la represión franquista, y que no se haya sentido rodeada del reconocimiento de sus familiares, amigos y conocidos. Estamos ya reivindicados por nuestros entornos sociales. En realidad, hoy y aquí una ley de reconocimiento de las víctimas tiene más valor para el Estado que para las víctimas. Es el Estado el que se reivindicaría a sí mismo como representación del pueblo al condenar el golpe de Estado y sus efectos político-jurídicos.
Otro aspecto inaceptable del proyecto de ley es la equiparación entre los alzados en armas y los defensores del orden constitucional. En su artículo 2 se habla de "las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones políticas o ideológicas, durante
Si las condiciones mencionadas más arriba no se cumplen, más vale retirar el proyecto de ley. Y esperar que una generación posterior entierre definitivamente el hacha de guerra admitiendo que en 1936 se produjo un golpe de Estado ilegal y una guerra civil de exterminio por obra de militares fascistas y sus aliados civiles.
Al enjuiciar el Holocausto -cuya memoria se ha celebrado el 27 de enero en el mundo- no se toma en consideración las humillaciones sufridas por los alemanes por el Tratado de Versalles de 1918, ni el clima de inseguridad de
Entre tanto, el PP -que está contra la ley por razones opuestas- está lanzando a la opinión pública un claro mensaje de cobertura a los herederos del franquismo y conserva y alimenta el fuego del odio cainita que tanto daño nos ha hecho. Los dirigentes del PP no son hoy capaces de hacerlo, pero deberían considerar que la condena legal del golpe militar y de la dictadura sería un procedimiento elegante -y no humillante para nadie- de cerrar esta herida con una reafirmación democrática inequívoca. ¿Acaso no se llaman a sí mismos demócratas? Y eso mismo deberían considerar los dirigentes del PSOE.
